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jueves, 27 de mayo de 2010

RECURRIBILIDAD DE LAS CONSULTAS

Estimados lectores, el tema de hoy es referente a ese derecho constitucional de petición que nos permite a todos, dirigir peticiones ante cualquier entidad o funcionario público sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y además, consagra el derecho a obtener oportuna respuesta; por su parte la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), recoge ese derecho en el artículo 2, y en materia tributaria está consagrado en el artículo N° 230 del Código Orgánico Tributario (COT)--- “Quien tuviere un interés personal y directo, podrá consultar a la Administración Tributaria sobre la aplicación de las normas tributarias a una situación de hecho concreta. A ese efecto, el consultante deberá exponer con claridad y precisión todos los elementos constitutivos de la cuestión que motiva la consulta, pudiendo expresar su opinión fundada”.

Ahora bien, ¿SON RECURRIBLES LAS CONSULTAS, cuando estas sean evacuadas por la administración y su dictamen afecten derechos de la recurrente?

En principio el COT, dispone expresamente en su artículo 235: “No procederá recurso alguno contra las opiniones emitidas por la Administración Tributarias” y también ha sido criterio de la Administración Tributaria que: LA CONSULTA NO CONSTITUYE DE MODO ALGUNO UN ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIBLE.

Importante es destacar que LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, más alla de la consideración de si estamos ante un principio rector como pregona cierta doctrina, o si se trata de la presencia de una tutela judicial efectiva general y otra en sentido estricto, consideramos que frente a la parcela del derecho, debemos indagar sobre la aplicación de las herramientas necesarias para hacer efectivo el Estado de Derecho en relación a la situación de los contribuyentes y administrados en el derecho de exacción constitucionalmente legitimado del Estado.

En atención a lo anterior, somos de la opinión que; Toda consulta que verse sobre una cuestion real y debidamente concreta por el interesado directo, tiene carácter vinculante, y la decisión que contiene puede ser recurrida a través del régimen ordinario de los recursos.

Así las cosas, SI; el dictamen recurrido afecta los derechos del administrado [Recurrente] es decir, Si ésta incide desfavorablemente sobre una pretención debidamente justificada, puede ser recurible, y Así lo ha sostenido nuestro Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Político Administrativa, en sentencia de fecha 14 de Junio del año 2009; Exp. N° 2001-0799 cuando señaló:

“La decisión de la Administración Tributaria, a juicio de esta máxima instancia, SI ES RECURRIBLE por los medios de impugnación previstos en el Código Orgánico Tributario de 1994, pues a tenor de lo dispuesto en su artículo 164, es un acto que afecta los derechos de la contribuyente al tener que soportar el recargo del impuesto al valor agregado, a consecuencia de la actividad ejercida por los granjeros. De acuerdo a lo expuesto, debe la Sala declarar ajustado a derecho el pronunciamiento que al efecto emitió el sentenciador de instancia. Así se declara”. Hasta el próximo viernes(…)


PD: Recuerden, que nuestra CRBV dispone en su artículo 26: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente”

RECURRIBILIDAD DE LAS CONSULTAS



Estimados lectores, el tema de hoy es referente a ese derecho constitucional de petición que nos permite a todos, dirigir peticiones ante cualquier entidad o funcionario público sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y además, consagra el derecho a obtener oportuna respuesta; por su parte la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos (LOPA), recoge ese derecho en el artículo 2, y en materia tributaria está consagrado en el artículo N° 230 del Código Orgánico Tributario (COT)--- “Quien tuviere un interés personal y directo, podrá consultar a la Administración Tributaria sobre la aplicación de las normas tributarias a una situación de hecho concreta. A ese efecto, el consultante deberá exponer con claridad y precisión todos los elementos constitutivos de la cuestión que motiva la consulta, pudiendo expresar su opinión fundada”.



Ahora bien, ¿SON RECURRIBLES LAS CONSULTAS, cuando estas sean evacuadas por la administración y su dictamen afecten derechos de la recurrente?

En principio el COT, dispone expresamente en su artículo 235: “No procederá recurso alguno contra las opiniones emitidas por la Administración Tributarias” y también ha sido criterio de la Administración Tributaria que: LA CONSULTA NO CONSTITUYE DE MODO ALGUNO UN ACTO ADMINISTRATIVO RECURRIBLE.

Importante es destacar que LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, más alla de la consideración de si estamos ante un principio rector como pregona cierta doctrina, o si se trata de la presencia de una tutela judicial efectiva general y otra en sentido estricto, consideramos que frente a la parcela del derecho, debemos indagar sobre la aplicación de las herramientas necesarias para hacer efectivo el Estado de Derecho en relación a la situación de los contribuyentes y administrados en el derecho de exacción constitucionalmente legitimado del Estado.

En atención a lo anterior, somos de la opinión que; Toda consulta que verse sobre una cuestion real y debidamente concreta por el interesado directo, tiene carácter vinculante, y la decisión que contiene puede ser recurrida a través del régimen ordinario de los recursos.



Así las cosas, SI; el dictamen recurrido afecta los derechos del administrado [Recurrente] es decir, Si ésta incide desfavorablemente sobre una pretención debidamente justificada, puede ser recurible, y Así lo ha sostenido nuestro Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Político Administrativa, en sentencia de fecha 14 de Junio del año 2009; Exp. N° 2001-0799 cuando señaló:



“La decisión de la Administración Tributaria, a juicio de esta máxima instancia, SI ES RECURRIBLE por los medios de impugnación previstos en el Código Orgánico Tributario de 1994, pues a tenor de lo dispuesto en su artículo 164, es un acto que afecta los derechos de la contribuyente al tener que soportar el recargo del impuesto al valor agregado, a consecuencia de la actividad ejercida por los granjeros. De acuerdo a lo expuesto, debe la Sala declarar ajustado a derecho el pronunciamiento que al efecto emitió el sentenciador de instancia. Así se declara”. Hasta el próximo viernes(…)



PD: Recuerden, que nuestra CRBV dispone en su artículo 26: “Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente”

viernes, 21 de mayo de 2010

BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO MUNICIPAL PARA LAS CONCESIONARIAS DE VEHICULOS.


Buenos días, a la luz de las Reformas de las Ordenanzas de Impuestos sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de índole similar, muchos podrían considerar que el “IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS (IAE)”, para efectos de las concesionarias debe causarse sobre la base del precio total de los vehículos vendidos, y no sobre el margen de utilidad bruta o margen de comercialización [Diferencial que existe entre el precio de venta y de compra], desestimando así, todo el análisis jurídico que se realizó en el año 2001 sobre el contrato de agencia en general y en particular de las concesionarias de vehículos. Pero más preocupante es, que se eximan de efectuar análisis alguno de la carga fiscal o incidencia que ese nuevo criterio de determinación producen en la esfera jurídica patrimonial de las empresas, o lo que es lo mismo en el equilibrio o ecuación financiera, que resultaba esencial para verificar si ese criterio superaba o se armonizaba con el cartabón de la capacidad económica o contributiva.

La sola omisión de todo análisis ponderativo del impacto fiscal que produce en la ecuación financiera de la empresa la aplicación del nuevo criterio, se traduce en un flagrante vicio de inmotivación o motivación insuficiente, pues este requisito de los actos administrativos no se satisfice en modo alguno con una motivación aparente. La implementación de un criterio tributario y más aún de un impuesto tan rudimentario como el IAE, infringe este requisito fundamental que todo órgano administrativo está obligado a cumplir para la satisfacción de los derechos instrumentales de los ciudadanos, siendo evidente que de haberse cumplido adecuadamente con la motivación, se habría revelado con palmaria evidencia la violación de la garantía constitucional de la capacidad económica, que en muchos casos queda obscurecida o solapada, al igual que el resto de los derechos que dentro de ella se encuentran articulados: PROPIEDAD, PROHIBICION DE CONFISCATORIEDAD, Y LIBERTAD DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

No obstante, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM) dispone en el artículo 210, segundo acápice: “(…) se entenderá por ingresos brutos sólo el monto de los honorarios, COMISIONES o demás remuneraciones similares que sean percibidas”, Es decir; NO ES CIERTO QUE LOS CONTRATOS DE COMISIONISTAS ESTAN EXCLUIDO PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO MUNICIPAL, y no puede serlo simplemente por GARANTIA CONSTITUCIONAL; todos estamos obligados a contribuir con el gasto público, pero en la medida de la capacidad económica.

Aunado a lo anterior ya nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, Exp. N° 02-0493, y a través de la Sentencia del 19/02/2004, manifestó su opinión al caso subjudice: “(…) sólo puede tomarse en cuenta para la determinación del monto de la obligación tributaria, el ingreso derivado del porcentaje o comisión que contractualmente se haya fijado sobre el precio del bien, entre la concesionaria y el fabricante, por la venta de cada vehículo, ya que la cantidad restante percibida, no puede estimarse como ingreso de la concesionaria” HASTA EL PROXIMO VIERNES (…)

PD: Recuerden que nuestra CRBV, dispone en el artículo 316: “El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, para ello se sustentará en un SISTEMA EFICIENTE para la recaudación de los tributos”.

jueves, 13 de mayo de 2010

LA IMPUTACION DE PAGOS EN MATERIA TRIBUTARIA



La imputación de pagos en materia tributaria comporta forzosamente que las deudas objeto de imputación se encuentren contenidas en un acto administrativo DEFINITIVAMENTE FIRME, no siendo suficiente a los fines de que opere la imputación prevista en el Código Orgánico Tributario (COT), el simple vencimiento del plazo para el pago de la obligación, la causación de intereses moratorios por la demora en el pago o la pretendida ilicitud de la conducta del sujeto pasivo.


La imputación de pagos ocurre cuando existe pluralidad de deudas entre un mismo acreedor y un mismo deudor y consiste en la asignación del pago a una obligación entre varias igualmente exigibles. El COT consagra un régimen de imputación forzoso o legal, de acuerdo con el cual la administración tributaria y los sujetos pasivos deberán imputar el pago efectuado en el orden siguiente: EN Primer lugar A LAS SANCIONES; Luego A LOS INTERESES MORATORIOS Y, Finalmente, AL TRIBUTO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE.


Ahora bien, aunque el COT no consagra expresamente que las deudas imputables deben estar contenidas en un acto administrativo definitivamente firme, lo anterior constituye un presupuesto sine qua non de la imputación en materia tributaria, pues de lo contrario el deudor no tendría certeza respecto de la obligación que pretende extinguir. En este sentido, la firmeza implica la existencia de un acto administrativo definitivamente firme por medio del cual se imponga una sanción al particular o bien se determine una obligación tributaria a su cargo.


En relación a las saciones [que en anteriores oportunidades he señalado], es importante destacar que el ejercicio de la potestad punitiva por parte de la Administración Tributaria, donde se incluye por supuesto la Municipal, presupone una ACTUACION PREVIA dirigida a demostrar la conducta ilícita, así como la debida NOTIFICACION al presunto infractor, tanto del procedimiento iniciado, como el acto que impone la sanción, a los fines de que aquel PUEDA PRESENTAR SUS DEFENSAS en el procedimiento formativo del acto o bien impugnar los supuestos fácticos o jurídicos que sustentarían la sanción.


Aunado a lo anterior, lo actos de contenido sancionatorio dictados por la administración tributaria NO ESTAN EXCLUIDOS DEL REGIMEN DE CONTROL JURISDICCIONAL y que el afectado tiene un auténtico derecho a impugnar la actuación punitiva de la administración.


Asi las cosas, las sanciones que podrían ser objeto de imputación, de estar contenidas en un acto administrativo instruido conforme con el procedimiento legalmente establecido, deben encontrarse definitivamente firmes. Lo contrario significaría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva del supuesto infractor, anticipándole indebidamente la aplicación de la pena, sin tomar en cuenta los resultados del procedimiento impugnatorio, que no solo podrían concluir con la nulidad de la sanción, sino que podría reconocer las circunstancias atenuantes o eximentes de la responsabilidad penal tributaria.


PD: Recuerden que el artículo 173 del COT dispone: “En los casos que se verifiquen el incumplimiento de deberes formales (…) la administración impondrá la sanción respectiva mediante resolución que se notificará al contribuyente o responsable conforme a las disposiciones de este Código”

viernes, 7 de mayo de 2010

APUNTES DEL DERECHO TRIBUTARIO VENEZOLANO.

LA PRESCRIPCION DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.


Igual que todos los demás medios de extinción de la obligación tributaria, la prescripción pertenece al ámbito del Derecho Civil, que la define como “un medio de adquirir un derecho o LIBERTARSE DE UNA OBLIGACIÓN, por el tiempo y demás condiciones determinadas por la ley” ( Artículo 1.952 del Código Civil)

Es evidente que la acción para exigir el pago del impuesto se refiere al ejercicio del derecho crediticio y su prescripción implica la extinción de la deuda. Existen dos clases de precripción; una llamada PRESCRIPCION ADQUISITIVA, que tiene por objeto hacer adquirir un derecho sobre una cosa por el transcurso del tiempo, fue conocida en Roma bajo la figura de USUCAPION, y constituye un medio de adquirir derechos reales, entre otros: LA PROPIEDAD. En este sentido, el Código Civil preceptúa en el artículo 796, en su parte in fine que, “Puede también adquirirse [LA PROPIEDAD] por medio de la prescripción¨ Otra clase de prescripción es la denominada PRESCRIPCION EXTINTIVA O LIBERATORIA, Que constituye un medio mediante el cual una persona se libera del cumplimiento de una obligación por el transcurso del tiempo y la observancia de las demás condiciones determinadas por la ley.

En materia tributaria, por cuanto su objeto a prescribir se trata de obligaciones personales y no de derechos reales, ineluctablemente se colige que la prescripción tributaria, como así se infiere del Código Orgánico Tributario (COT), pertenece a las clases de prescripción EXTINTIVA O LIBERATORIA, constituyendo por ende un medio mediante el cual el sujeto pasivo de la obligación tributaria o contribuyente se libera frente al fisco (acreedor) por el transcurso del tiempo del cumplimiento de esa obligación, bajo las condiciones que determina el COT.

Importante es destacar, que la prescripción tributaria comporta como toda prescripción extintiva, una excepción o medio de defensa, que sólo pueden ser alegadas cuando le es exigido su cumplimiento. Es decir, no opera IPSO IURE DEBE SER ALEGADA COMO DEFENSA DE FONDO Y POR MANDATO LEGAL IMPIDE LA DECLARATORIA DE OFICIO POR PARTE DEL JUEZ. [artículo 1956 del Código Civil dispone: “El Juez no puede suplir de oficio la prescripción no opuesta”]

De existir una sentencia que declare la prescripción sin que medie previamente una solicitud de parte interesada, es decir de oficio, DEBE REVOCARSE EL PRONUNCIAMIENTO, por estar viciada de INCONGRUENCIA POSITIVA, por no haberse ceñido a lo alegado y probado en autos conforme lo disponen los artículos 12 y 244 del Código de Procedimiento Civil, y así lo ha reiterado recientemete nuestro Tribunal Supremo de Justicia en Sala politico-Administrativa [Ver sentencia del 9 de marzo del 2010, Expediente: 2008-0642, con ponencia de la doctora EVELYN MARRENO ORTIZ]

PD: Las sanciones restrictivas de libertad previstas en los articulos 116 y 118 del Código Orgánico Tributario, una vez impuestas, no estarán sujetas a prescripción.


IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Tendencias jurisprudencias tributarias