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viernes, 18 de junio de 2010

LA INCOMPETENCIA POR EL TIEMPO


La incompetencia es la patología de una de las manifestaciones del elemento subjetivo del acto administrativo; es un VICIO GRAVE; se dice que un acto administrativo es legítimo cuando ha sido dictado por un órgano administrativo dentro de sus atribuciones, ES DECIR, CUANDO HA ACTUADO EN EL AMBITO DE SU COMPETENCIA. Ahora bien, este Vicio de Incompetencia puede manifestarse de varias formas: Incompetencia constitucional, Incompetencia legal, Incompetencia por el territorio, y una a la cual hoy le dedico este espacio LA INCOMPETENCIA POR EL TIEMPO.

Si la Constitución o la Ley han definido un espacio temporal dentro del cual los órganos dotados de potestades administrativas deben actuar, toda actuación realizada antes o después del señalado límite, se estima ejecutada por un órgano incompetente.

Lo ordinario, es que la competencia se otorgue en forma indefinida en cuanto al tiempo se refiere, de modo que pueda ser ejercida constantemente, cada vez que se den las circunstancias fácticas y jurídicas que habilitan al ente administrativo para actuar.

No obstante, diversas razones, muchas de las veces asociadas con la protección de los derechos y garantías de los ciudadanos y en particular con el mantenimiento de la seguridad jurídica, justifican que los órganos administrativos deban ACTUAR SÓLO HASTA DETERMINADO MOMENTO. Este límite temporal puede venir fijado en medidas exactas de tiempo [años, meses, días] o por acontecimientos determinados en la ley (hechos naturales, hechos del hombre o actos). Asimismo y según lo disponga la ley, el límite temporal impuesto a la actuación administrativa puede estar vinculado a un lapso de prescripción o de caducidad, con todas las distintas consecuencias que derivan de la asunción de uno u otro instituto.

Nuestra legislación administrativa contempla varios supuestos de incompetencia temporal vinculados especialmente al ejercicio de la postead sancionatoria, desde que todas las sanciones administrativas, como las sanciones en general, se encuentran sujetas a plazos de prescripción. El ejercicio de la potestad tributaria también se encuentra limitada por plazos de prescripción, en tanto la obligación tributaria se extingue por el transcurso del tiempo.

Otro caso que la propia doctrina administrativa ha calificado como INCOMPETENCIA POR EL TIEMPO, está regulado en el artículo 192 del COT, el cual preceptúa que la Administración dispondrá de un plazo máximo de un año, contado a partir del vencimiento del lapso para presentar el escrito de descargo, para dictar la resolución culminatoria del sumario y que si la administración no notifica válidamente dicha resolución en el señalado lapso, el sumario queda concluido y el acta fiscal invalidada y sin efecto alguno, al igual que los actos cumplidos en el procedimiento. Lo único que de acuerdo a la misma norma puede salvarse de los efectos de la caducidad, son los elementos probatorios acumulados en el sumario, los cuales pueden ser apreciados en otro procedimiento de determinación si así se hace constar en el acta que se inicie el nuevo sumario. Por supuesto, la apertura de un nuevo procedimiento después de la declaración de caducidad, sólo será posible si no se ha consumado la prescripción (…) Hasta el próximo viernes.

jueves, 10 de junio de 2010

LA PRUEBA DE EXPERTICIA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Siguiendo la definición del profesor Devis Echandía, entendemos que la experticia es una actividad procesal desarrollada en virtud de un encargo administrativo o judicial, por personas especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante el cual se le suministra AL FUNCIONARIO ADMINISTRATIVO o juez, argumentos o razones para la formación de su convencimiento de ciertos hechos

Bajo la Vigencia de las anteriores Leyes Tributarias, la Administración Tributaria designaba a sus propios funcionarios para las evacuaciones de las experticias promovidas por los contribuyentes en el sumario administrativo. Esta práctica convertía la experticia en una nueva revisión fiscal que generalmente confirmaba los resultados de la investigación inicial. Hoy día la evacuación de la experticia se verifica con el concurso de PROFESIONALES INDEPENDIENTES, lo cual garantizaría la imparcialidad del dictamen que se rinda, así como la emisión de
un acto administrativo apegado a la verdad económica que se pretende gravar.

En este sentido, es de observar que la experticia evacuada en el PROCESO ADMINISTRATIVO constituye una valiosa garantía tanto para el CONTRIBUYENTE como para la ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA y su importancia en esta instancia administrativa NO HA SIDO SUFICIENTEMENTE ADVERTIDA POR LOS OPERADORES TRIBUTARIOS. En efecto, el dictamen pericial realizado por terceros imparciales tendría por objeto reexaminar los hechos fiscalizados y sus efectos, comparando las conclusiones así obtenidas con los resultados de la fiscalización reflejadas en el Acta de Reparo. Esta comparación podría resultar en una confirmación de las objeciones fiscales, o bien, que se establezca la improcedencia de los reparos formulados. En uno y otro caso, el acto administrativo definitivo (Resolución Culminatoria) capitalizaría el conocimiento técnico de los expertos y su imparcialidad, por lo que posiblemente la evacuación de la experticia evitaría la prosecución de procedimientos administrativos o judiciales ulteriores, ya sea que el CONTRIBUYENTE ACEPTE los términos de la resolución, o que la resolución REVOQUE LOS REPAROS FORMULADOS.

Así pues, concluido el lapso para que el contribuyente se allane o se avenga a las pretensiones fiscales y se pague el tributo determinado por la Administración en el Acta de Reparo, el contribuyente dispondrá de 25 días hábiles para formular los descargos y PROMOVER LA TOTALIDAD DE LAS PRUEBAS PARA SU DEFENSA. Por lo tanto, la promoción de la experticia en el marco del procedimiento sumario se verificará durante el lapso que tiene el contribuyente para presentar los descargos.

Promovida la experticia, se procederá a designar a los respectivos expertos. En este sentido, creemos que el artículo 157 del COT insta a la Administración Tributaria y al Contribuyente a procurar en forma preferente la designación de UN SOLO EXPERTO, lo cual es comprensible tomando en cuenta los costos de la experticia. HASTA EL PROXIMO VIERNES. (…)

PD: Recuerden que en la medida que el informe pericial se encuentre motivado y que las conclusiones sean claras y congruentes con los hechos, resulta muy difícil que el funcionario administrativo o el juez puedan apartarse de las conclusiones del dictamen pericial, tomando en cuenta además, el carácter técnico del informe rendido.

viernes, 4 de junio de 2010

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.


El régimen jurídico de la responsabilidad patrimonial de la Administración en general y la tributaria en particular, exige la satisfacción de varios extremos para su procedencia, todos los cuales deben ser circunstanciados y probados por quien pretende la indemnización. Se trata de requisitos imprescindibles sin los cuales la responsabilidad no puede declararse y hacerse efectiva; no obstante en el día de hoy nos referiremos a uno de ellos; LA IMPUTABILIDAD.


El requisito de la imputabilidad, que en el ámbito de la responsabilidad patrimonial de la Administración exige un daño que debe ser reparado y ese daño, obviamente, ha sido causado por alguien o en nombre de alguien quien, en definitiva, es el único que puede ser llamado a responder.


El Estado, en sus distintas personificaciones jurídicas, es sujeto de derecho y obligaciones y por tanto imputable. Se ha dicho en este sentido que para que surja la responsabilidad patrimonial de la Administración, es necesario que el daño haya sido ocasionado por la actuación de los órganos de gobierno, de las entidades públicas, de sus funcionarios o agentes, en la esfera de sus atribuciones respectivas.


En el caso de las Administraciones Tributarias, el asunto no tiene ninguna particularidad especial. Los daños antijurídicos ocasionados a los administrados (contribuyentes), por los agentes de las distintas Administraciones Tributarias en ejercicio de sus potestades y competencias, dan lugar al nacimiento de la responsabilidad patrimonial. Basta identificar la estructura organizativa en la cual está integrado el órgano cuya acción u omisión produce la lesión, y la responsabilidad será así imputada a la persona jurídica a la que pertenezca tal estructura organizativa.


Como se advierte, el problema de la imputación como requisito condicionante de la responsabilidad patrimonial de la Administración tributaria, requiere para su resolución el auxilio de la teoría general de la organización administrativa y entender, sobre todo que la responsabilidad solo puede ser atribuida a una persona, aún cuando esa persona se manifieste en diversas formas.


En nuestro ordenamiento jurídico, la norma fundamental sobre la cual se construye todo el sistema de la responsabilidad patrimonial de la Administración, prevé con meridiana claridad que los perjuicios indemnizables son aquellos que sean imputables al funcionario de la Administración PUblica (artículo 140 de la CRBV). Hasta el próximo viernes (…)


PD: Recuerden: para los contribuyentes ordinarios, se debe declarar y pagar la Declaración Estimada de Impuesto Sobre la Renta antes del 30/06; y los Sujetos Pasivos Especiales, deberán regirse por el nuevo calendario publicado por la Administración Tributaria.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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