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jueves, 28 de octubre de 2010

RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES DE RETENCION O PERCEPCION EN LOS IMPUESTOS


Los agentes de retención son responsables directos en razón del ejercicio de una función pública, o por razón de sus actividades privadas, los cuales deben entregar o participar de alguna forma en la entrega de una suma de dinero (que en principio correspondería al contribuyente), con la posibilidad de detraer una cantidad que luego ingresarán a la orden del Fisco.

Los agentes de percepción, por su parte, son los que por su profesión, oficio o función se hallan en condiciones de recibir una suma de dinero del contribuyente, a cuyo monto originario debe adicionársele el tributo que también se depositará a la orden del Fisco.

En suma, el agente de retención es quien entrega dinero al contribuyente y de esos fondos extrae el impuesto; y el agente de percepción es quien recibe dinero del contribuyente y se le suma el importe del impuesto a ingresar por la operación en la cual interviene.

Estos sujetos pasivos de los deberes tributarios no representan al contribuyente, sino que obran por expresa disposición legal tendiente a evitar la evasión fiscal, facilitar la percepción de los tributos en su fuente, que se deriva de la potestad tributaria del Estado y obligados a colaborar con la Administración Tributaria en la recaudación anticipada de impuestos.

Los agentes de retención y de percepción tienen a su cargo el cumplimiento de una prestación (obligación de hacer) obligatoria y coactiva proveniente de un acto unilateral del Estado: la Ley. Pero ¿en qué consiste el “hacer” de estos responsables? Por la naturaleza de la función que se le asigna, la obligación que la ley pone a su cargo queda desdoblada en dos cargas distintas: 1) retener o percibir el impuesto en el momento en que la Ley sustantiva lo disponga; 2) ingresar en las arcas fiscales el dinero retenido o percibido, en los plazos señalados por las normas vigentes por cada impuesto.

En cuanto a la primera carga, el hecho de no retener o percibir el impuesto en el momento en que la ley sustantiva lo disponga implica la configuración de otro delito tributario – ilícito material- , que es la omisión de actuar como agente de retención o percepción; por tanto, se le asigna responsabilidad por incumplimiento de los deberes fiscales que les incumben, pero, responderá solidariamente con el contribuyente. Así lo establece el segundo aparte del Art. 27 del Código Orgánico Tributario: “(…) de no realizar la retención o percepción, responderá solidariamente con el contribuyente”

En cuanto a la segunda carga, por el hecho de no enterar los anticipos o de mantener en su poder total o parcialmente los impuestos retenidos o percibidos (después de vencidos los plazos legales), el agente de retención o percepción es el único responsable ante el Fisco por el importe retenido o percibido y, es responsable por incumplimiento de la deuda ajena; esa responsabilidad se compromete ya sea porque no ha cumplido con la obligación nacida de un contrato, porque ha cometido un delito o cuasidelito, o más ampliamente porque ha contravenido una obligación legal preexistente que causa un perjuicio fiscal y la cual es castigada con la pena más severa existente en la legislación venezolana, la prisión.

RESPONSABILIDAD DE LOS AGENTES DE RETENCION O PERCEPCION EN LOS IMPUESTOS


Los agentes de retención son responsables directos en razón del ejercicio de una función pública, o por razón de sus actividades privadas, los cuales deben entregar o participar de alguna forma en la entrega de una suma de dinero (que en principio correspondería al contribuyente), con la posibilidad de detraer una cantidad que luego ingresarán a la orden del Fisco.

Los agentes de percepción, por su parte, son los que por su profesión, oficio o función se hallan en condiciones de recibir una suma de dinero del contribuyente, a cuyo monto originario debe adicionársele el tributo que también se depositará a la orden del Fisco.

En suma, el agente de retención es quien entrega dinero al contribuyente y de esos fondos extrae el impuesto; y el agente de percepción es quien recibe dinero del contribuyente y se le suma el importe del impuesto a ingresar por la operación en la cual interviene.

Estos sujetos pasivos de los deberes tributarios no representan al contribuyente, sino que obran por expresa disposición legal tendiente a evitar la evasión fiscal, facilitar la percepción de los tributos en su fuente, que se deriva de la potestad tributaria del Estado y obligados a colaborar con la Administración Tributaria en la recaudación anticipada de impuestos.

Los agentes de retención y de percepción tienen a su cargo el cumplimiento de una prestación (obligación de hacer) obligatoria y coactiva proveniente de un acto unilateral del Estado: la Ley. Pero ¿en qué consiste el “hacer” de estos responsables? Por la naturaleza de la función que se le asigna, la obligación que la ley pone a su cargo queda desdoblada en dos cargas distintas: 1) retener o percibir el impuesto en el momento en que la Ley sustantiva lo disponga; 2) ingresar en las arcas fiscales el dinero retenido o percibido, en los plazos señalados por las normas vigentes por cada impuesto.

En cuanto a la primera carga, el hecho de no retener o percibir el impuesto en el momento en que la ley sustantiva lo disponga implica la configuración de otro delito tributario – ilícito material- , que es la omisión de actuar como agente de retención o percepción; por tanto, se le asigna responsabilidad por incumplimiento de los deberes fiscales que les incumben, pero, responderá solidariamente con el contribuyente. Así lo establece el segundo aparte del Art. 27 del Código Orgánico Tributario: “(…) de no realizar la retención o percepción, responderá solidariamente con el contribuyente”

En cuanto a la segunda carga, por el hecho de no enterar los anticipos o de mantener en su poder total o parcialmente los impuestos retenidos o percibidos (después de vencidos los plazos legales), el agente de retención o percepción es el único responsable ante el Fisco por el importe retenido o percibido y, es responsable por incumplimiento de la deuda ajena; esa responsabilidad se compromete ya sea porque no ha cumplido con la obligación nacida de un contrato, porque ha cometido un delito o cuasidelito, o más ampliamente porque ha contravenido una obligación legal preexistente que causa un perjuicio fiscal y la cual es castigada con la pena más severa existente en la legislación venezolana, la prisión.

viernes, 15 de octubre de 2010

DETERMINACION DEL ENRIQUECIMIENTO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR)




El artículo 13 del Código Orgánico Tributario venezolano, prevé que la obligación tributaria entre el sujeto pasivo y el ente público acreedor del tributo nace una vez se verifiquen las circunstancias o eventos establecidos por la Ley para tipificar el tributo, ello no es más que el reconocimiento de que al producirse el hecho imponible nace una deuda tributaria; sin embargo, esta deuda solo es cierta una vez conocida su cuantía.

Por lo tanto, en los tributos generales, entendidos como aquella prestación pecuniaria exigida por el Estado en virtud de su poder de imperio cuando se cumplen los presupuestos de hecho establecidos en la Ley y cuyo objeto es contribuir a los gastos públicos, la determinación del importe causado por ese concepto, es una fase fundamental para conocer lo que el sujeto pasivo adeuda al Ente Público.

La determinación del monto de la obligación tributaria, es decir, de la cantidad de dinero que el sujeto pasivo ha de pagar al sujeto activo por concepto de tributos, tiene dos elementos esenciales: la base imponible y la alícuota impositiva; por lo tanto, salvo que se trate de tributos de importe fijo, en general podemos aseverar que es a través de estos dos elementos que debemos cuantificar los recursos con los cuales contribuimos con el gasto público.

La ley de ISLR define en su artículo 4, Qué se entiende por enriquecimiento. A tal efecto establece que son enriquecimientos netos: los incrementos de patrimonio que resulten de restar de los ingresos, los costos y deducciones permitidas por la Ley, sin perjuicio de los ajustes por inflación que sobre la renta de fuente territorial deberán efectuarse.

Ante la referencia expresa del legislador al enriquecimiento neto como incremento patrimonial, es menester recordar que la expresión de ganancias puede establecerse a través de dos enfoques: el estático, que resulta por diferencia patrimonial y el dinámico que es el que expresa el estado de ganancias y pérdidas.

Cuando nos basamos en el primer enfoque, lo debemos entender como el resultado que se origina por diferencia entre el patrimonio inicial y un final, hecha la exclusión de los aumentos y disminuciones ocurridas en ese patrimonio, mientras que el segundo, se basa en un estado financiero que reconoce los ingresos por ventas de bienes, prestaciones de servicios y otras transacciones realizadas, así como las compras, costos y gastos incurridos en un periodo determinado.

No obstante, las diferencias en el procedimiento y que el segundo de los nombrados podría ser el que inicialmente nos resulte más familiar para obtener el resultado de un periodo determinado, la aplicación de uno u otro enfoque produce el mismo resultado.

En la ley, las reglas, limitaciones y condiciones para cada ítem que componen la ecuación determinativa del incremento de patrimonio que reflejan los libros de los contribuyentes, los cuales diferirían porque, como bien lo recoge el artículo 91 de la LISLR, estos libros son llevados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Venezuela.

Por lo tanto, dadas las diferencias entre las disposiciones fiscales y los principios de contabilidad que deben aplicarse para el reconocimiento de ingresos, costos y gastos para determinar la utilidad, el contribuyente deberá efectuar una conciliación de ambas rentas.

jueves, 7 de octubre de 2010

LA EXENCION TRIBUTARIA



En muchas ocasiones las finalidades extrafiscales de la tributación, están relacionadas con los intereses superiores del Estado, los cuales en nuestra Constitución se encuentran consagrados en el artículo 3; y podemos resumirlas como Fines Superiores del Estado, con lo que se demuestra que el Estado como ente tiene que cumplir con una serie de cometidos que están por encima de los intereses individuales y que en ciertas ocasiones la consecución de dichos fines, justifica la utilización de mecanismos que, como los beneficios fiscales constituyen excepciones a la aplicación igualitaria de las normas legales.

Esta explicación inicial la hacemos, porque consideramos necesario partir de la idea de que ciertos beneficios fiscales se otorgan buscando conseguir esos “Fines Superiores del Estado”; y es utilizado como sinónimo de un provecho o utilidad que se obtiene al ser titular de un régimen impositivo preferencial al que es aplicado la generalidad de los contribuyentes y bajo cuya definición el Código Orgánico Tributario (COT), engloba a diversos mecanismos que el utiliza para otorgar los mimos. En este sentido, tenemos que el Artículo 4 ejusdems, define como beneficios fiscales a las Exenciones, Exoneraciones, Desgravámenes y Rebajas de impuesto.

Ahora bien, en referencia a la EXENCION el artículo 73 del COT, lo define: “como la dispensa total o parcial del pago de la obligación tributaria otorgada por la Ley”; al respecto, podemos decir que constituye el polo negativo del hecho imponible, así como la obligación constituye el polo positivo.

En uno u otro caso, trátese de la obligación o la exención, hay un hecho común a ambas, el cual es la realización del hecho imponible. De lo contrario, estaríamos en presencia de la hipótesis de la no sujeción, es decir, de aquella actividad que no ha sido prevista por el legislador como hecho imponible, como susceptible de causar gravamen.

El autor Washington Laziano sostiene que la exención frustra, impide o bloquea el nacimiento de la obligación tributaria, sin perjuicio de la ocurrencia del hecho imponible, que viene a constituir la causa de la obligación o de la exención y esta tiene lugar, cuando por razones de índole económica, social o cualquiera otra, el legislador releva de la carga tributaria, o sea, de la obligación, a un determinado grupo de contribuyentes, en aras de la consecución de fines extra fiscales, como podrían ser: el desarrollo de determinada industria, región económica, las exportaciones o el fomento del turismo, para citar cuatro (4) casos.

Es importante destacar, que el artículo 6 del COT establece con claridad que aún cuando la analogía es admisible para colmar vacíos legales, sin embargo no podrá ser usada para crear tributos, pero tampoco exenciones, ni otro beneficios fiscales, de forma que estos están establecidos en la norma jurídica con un desarrollo claro y exacto del supuesto de hecho en el cual procede su disfrute.

Finalmente, en la practica he observado como algunos miembros de Asociaciones de cooperativas creen que per se, están exentas del Impuesto Sobre la Renta (ISLR), obviando que estas deben solicitar la calificación de exención por ante la Administración Tributaria, de lo contrario son o serán tratadas como sociedades mercantiles, es decir deberán pagar el ISLR, razón por lo cual los invito a cumplir con los extremos legales necesarios a fin de gozar de tal beneficio.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Tendencias jurisprudencias tributarias