Busca aquí

Entradas populares

jueves, 18 de noviembre de 2010

EL CIERRE DEL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL EN NUESTRA ORDENAZA


La Ordenanza DE IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICIOS O DE ÍNDOLE SIMILAR (IAE) vigente, contiene disposiciones sancionatorias a los ilícitos tributarios que consisten en CLAUSURAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS; pena o sanción ésta que en la mayoría de los casos es desproporcionada con la falta que se pretende sancionar, toda vez que la pena debe responder en forma racional y proporcional a la entidad del mal causado por el hecho ilícito.

Es importante destacar que al contrario de los supuestos consagrados en el Código Orgánico Tributario (COT), esta ordenanza contiene dieciséis (16) supuestos de Clausuras por Ilícitos Formales, más Uno (1) por Ilícito Material.

Ahora bien, a los efectos de ilustrar la consagración de los CIERRES INDEFINIDOS en el IAE, transcribo el artículo 107 de la Ordenanza: “Quien pague con retraso o fuera del plazo establecido en esta ordenanza los tributos será sancionado con multa de uno por ciento (1%) de aquellos y con el cierre temporal del establecimiento de tres (3) días hábiles o HASTA QUE RESUELVA SU SITUACION FISCAL (…)”.

Al respecto, hay que hacer énfasis en que la clausura así regulada, tiene carácter indefinido, por cuanto no sería ordenada por un número determinado de días, sino que el levantamiento de la sanción estaría condicionado al cumplimiento de una obligación; La Ordenanza genera una situación de inseguridad e incertidumbre jurídica, ya que pretende sancionar con “cierre temporal, el haber pagado con retraso; esto quiere decir, que si un contribuyente paga el impuesto municipal, un día después de vencido el plazo establecido en La Ordenanza, quedará sujeto “indefinidamente” a que en cualquier momento, ante una fiscalización o procedimiento de verificación, le sea clausurado el establecimiento, por cuanto este hecho no es subsanable, y al no tener certeza el contribuyente del destino de su situación fiscal frente al Municipio, estará siempre a la expectativa de ser cerrado, colocándole en una especie de limbo jurídico, atentatorio contra el principio de Seguridad Jurídica que debe caracterizar toda gestión administrativa propia de un verdadero Estado de Derecho.

Esta situación es inadmisible, por cuanto la pena de clausura es una de las sanciones más graves que puede sufrir una persona jurídica, y por tanto, debe estar limitada a lapsos sumamente concretos y perfectamente delimitados en la ley.

En mi opinión, esta disposición viola el derecho a la libertad económica que se materializa, por cuanto la medida de clausura de establecimiento por tiempo indefinido y suspensión de actividades económica le impedirían al comerciante ejercer su actividad comercial en el Municipio HERES, sin una justificación legal válida, ya que la clausura de su establecimiento, por un lapso aparentemente indefinido, en este caso queda supeditado al pago de supuestas deudas pendientes.

Indudablemente esta disposición es violatoria al derecho de propiedad consagrado en el artículo 115 de la Constitución, por cuanto se estaría detrayendo una cantidad de dinero del patrimonio de la accionante que, tal vez, no adeude.

Esto es incluso reconocido por el legislador nacional al dictar el COT, el cual ciertamente prevé la sanción de clausura para ciertas infracciones, pero las restringe a un tope máximo de días (normalmente muy breve). A tal efecto, remito a mis lectores, a título ilustrativo, la lectura de los artículos 101 y 102 del COT, que prevén clausuras de no más de cinco (5) y tres (3) días, respectivamente (...)

jueves, 4 de noviembre de 2010

LA COMPENSACION DE EXEDENTES DE RETENCIÓN DE IVA

Antes de desarrollar el punto, es preciso traer a colación el principio general del Derecho que prescribe que es contrario a la justicia y a la buena fe, que el acreedor exija a su deudor el pago de una obligación cuando al mismo tiempo es deudor del segundo. Este principio fue consagrado en nuestro Código Civil en su artículo 1331. Ello constituye el fundamento ético que subyace a la figura de la COMPENSACION como medio de extinción legal de las obligaciones que recíprocamente existen entre individuos.

No obstante, el artículo 49 del Código Orgánico Tributario (COT) estableció una prohibición según la cual la compensación no es oponible respecto de impuestos indirectos cuya estructura y traslación prevea las figuras de los denominados débitos y créditos fiscales, como el IVA. De ahí; el SENIAT y la Sala Político Administrativa (SPA) del TSJ sostuvieron el criterio según el cual, con fundamento en el artículo 49 del COT, no era posible que los contribuyentes opusieran en compensación créditos fiscales a su favor (provenientes de otros tributos) con el objeto de extinguir la cuota a pagar del IVA para un determinado periodo fiscal.

A partir del año 2004 en la Ley del IVA se estableció: “los contribuyentes ordinarios pueden recuperar ante la administración los excedentes de retenciones que correspondan en los términos y condiciones que establezca la respectiva providencia. Si la decisión administrativa resulta favorable, la administración autoriza la compensación o cesión de los excedentes”.

Puede apreciarse que si bien se reconoció la posibilidad de oponer en compensación los excedentes, su procedencia se subordinó a los términos y condiciones – agotar un procedimiento administrativo- establecidas en una providencia de rango sublegal y a la administración tributaria (Providencia Administrativa SANT/2005/0056 del SENIAT).

Es importante referirme a la decisión de la SPA del TSJ de fecha 29 de junio del año 2010, de cuya lectura se infiere que es posible que el contribuyente pueda oponer en compensación los excedentes de retención de IVA que existan a su favor y que no ha podido descontar, sin necesidad de acudir al procedimiento de recuperación previsto en la referida providencia administrativa.

En el caso específico, la sala estableció que el contribuyente ya había iniciado ante el SENIAT el procedimiento a la recuperación de los excedentes de retenciones de IVA no descontadas y no obtuvo respuesta favorable sobre dicha solicitud, debía considerarse negada, y quedaba habilitado para ejercer el recurso legal correspondiente; no obstante, la sala precisó que en el COT del 2001, la compensación es oponible sin necesidad de un pronunciamiento administrativo previo de la administración tributaria que la reconozca, por lo que el contribuyente pudo haberla opuesto sin tener que acudir al procedimiento de recuperación.

En opinión de muchos expertos, este pronunciamiento permitiría sostener que en criterio del TSJ, es facultativo para el contribuyente acudir al procedimiento de recuperación establecido en la Providencia Administrativa SNAT/2995/0056 para hacer valer la compensación o ceder los créditos fiscales, siempre que obtenga respuesta favorable del SENIAT; o bien oponer directamente la compensación de los excedentes de retenciones de IVA no descontadas, caso en el cual deberá simplemente notificarlo a la administración tributaria en los plazos previstos en el COT. ESTO ES UN SISTEMA TRIBUTARIO JUSTO Y EFICIENTE como lo dispone nuestra Constitución.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Tendencias jurisprudencias tributarias