Julio César Díaz Valdez[1]
Tan pronto inició el año 2022, comenzaron algunas administraciones tributarias municipales a imponer su autoridad. Para ello se procedieron a la aplicación de normas contentivas en instrumentos jurídicos de naturaleza tributaria que se encuentran suspendido por el máximo Tribunal de la República e instauraron «procedimientos administrativos» donde en algunos casos se evidencia la arbitrariedad, incompetencia y prescindencia del procedimiento legalmente establecido por parte de funcionarios actuantes. Tal son los casos de la Administración Tributaria Municipal, adscrito a algunas Alcaldías de los Municipios del estado Bolívar, que en este trabajo se estudia.
Las Administraciones Tributarias en algunos «procedimientos administrativos», por un lado, se han dado la tarea de requerir a contribuyentes de los impuestos municipales información y documentos que son de los clientes (terceros de la relación tributaria) aunado al hecho que no guardan relación con las obligaciones tributarias municipales (p.e., el impuesto sobre las actividades económicas), sino que por el contrario corresponden a tributos cuya competencia le pertenece al Poder Público Nacional (p.e., el régimen de las aduanas.) Y, por el otro, realizan verificaciones con prescindencia del procedimiento legalmente establecido, por tanto, el acto administrativo que producen es irrito.
