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«EL DERECHO COMO BASE Y EXPRESIÓN DE LAS INSTITUCIONES. A PROPÓSITO DE LA PRETENDIDA SEGURIDAD JURÍDICA EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL VENEZOLANA»

Julio César Díaz Valdez[i]

1.-   A MODO DE CONTEXTUALIZACIÓN Y CONTEXTURACIÓN

El mundo en el ámbito comercial enfrenta diversos problemas y por supuesto, las empresas venezolanas –con sobradas razones– no escapan de ellos. Los retos para los empresarios –forman parte del día a día de la mayoría de las empresas–: están inmanentes. Algunos de esos problemas, están representados por obstáculos o situaciones endógenas (p.e., gestión inadecuada de tiempo, cibercriminalidad, captación del talento correcto, inter alia). Sin embargo, estos problemas pueden ser superados por la gerencia de la empresa, sin las intervenciones de terceros –entes del Estado–. La capacidad de respuesta ante estos desafíos empresariales marca la diferencia entre un negocio exitoso o uno efímero.

No obstante, existen otros problemas que perturban de manera significativa y directa las actividades de los comerciantes y el desarrollo sustentable de las organizaciones. Lamentablemente, ellas solas no pueden resolverlos, por tanto, sucumben ante esos fenómenos: son problemas exógenos que, en efecto, requieren para enfrentarlos y superarlos del acompañamiento de terceros: las instituciones.

La vigencia de la ineficaz regulación que prohíbe las obligaciones en moneda extranjera en Venezuela, con especial referencia en el arrendamiento de viviendas y de inmuebles destinados al uso comercial, frente a la derogatoria del régimen cambiario y sus ilícitos.



El trabajo analiza, en primer lugar, la regla general aplicable a las obligaciones pactadas en moneda extranjera en el país, según la cual las partes son libres y autónomas para celebrar contratos que contemplen que las obligaciones que allí prevean se cumplan en divisas, y que estas se expresen usando la moneda extranjera como moneda de cuenta o moneda alternativa, o como moneda de pago, las cuales resultan válidas, incluso, en períodos de imposición de regímenes de controles de cambio.

Mecanismos «alternos» para ordenar el pago de la obligación laboral debidamente INDEXADA con el objeto que PRODUZCA EFECTOS LIBERATORIOS.



Julio César Díaz Valdez[1]



La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia a través de la Sentencia n° RC 00517[2] de fecha 08 de agosto de 2018 (Exp. AA20-C-2017-000619) estatuyó:

(…), de ahora en adelante y a partir de la publicación del presente fallo, esta Sala de Casación Civil y los demás jueces de la República, al momento de dictar sentencia, deben ordenar DE OFICIO la INDEXACIÓN JUDICIAL del monto de lo condenado, independientemente de que haya sido solicitado o no en juicio, desde la fecha de admisión de la demanda, hasta la fecha en que quede definitivamente firme la sentencia que condena al pago, para de esta forma mitigar el efecto inflacionario que genera en la población la guerra económica, y así, el juez pueda ordenar la entrega en dinero del valor equivalente al numéricamente expresado, por lo que la condena no es a pagar una suma idéntica a la exigida, sino en la de pagar una cantidad equivalente al valor de la suma exigida originalmente a la fecha del pago, que tenga el mismo valor adquisitivo y que represente el mismo valor de la cantidad de dinero objeto del litigio a su comienzo y que en consecuencia sea suficiente para satisfacer una acreencia o adquirir un bien en las mismas condiciones que se podía en años anteriores, sin que la pérdida del valor adquisitivo de la moneda le impida realizar la misma operación comercial.


La Sala de Casación Civil, sin duda hizo un notable esfuerzo, como la finalidad resolver el problema de la inflación cuando no se dispone de los Índices Nacionales de Precios[3] (INPC) –que hasta el 2015 publicó el Banco Central de Venezuela (BCV)–, puesto que, reconoce que esta situación, deteriora el poder adquisitivo de la moneda y además señala que la condena no es a pagar una suma idéntica a la exigida, sino en la de pagar una cantidad equivalente al valor de la suma exigida originalmente a la fecha del pago, que tenga el mismo valor adquisitivo y que represente el mismo valor de la cantidad de dinero objeto del litigio.

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