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viernes, 27 de agosto de 2010

MOMENTO DE LA GRAVABILIDAD DE LOS ANTICIPOS RECIBIDOS A CUENTA DE FUTURAS VENTAS EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR)



Los artículos 5 y 16 de la Ley del ISLR vigente, disponen: "Artículo 3.- Los enriquecimientos provenientes de (…) la enajenación de bienes inmuebles, y las ganancias fortuitas, se considerarán disponibles en el momento en que son pagados (…)”; "Artículo 14.- El ingreso bruto global de los contribuyentes, a que se refiere el artículo 7º de la Ley, estará constituido por el monto de las ventas de bienes y servicios en general, (…)"

Se infiere que los enriquecimientos provenientes de la enajenación de bienes inmuebles, se considerarán disponibles en el momento en que son efectivamente pagados, pues la venta es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio.

Ahora bien, ¿Cuál sería el momento de la gravabilidad del ISLR de un contribuyente, que se dedicada a la compra y venta de bienes inmuebles, y ocasionalmente recibe cantidades de dinero en calidad de arras como garantías entregadas de forma provisional por los futuros compradores, considerando que pudieran ser objeto de devolución por no concretarse la compra-venta definitiva?

En principio, la celebración de un contrato sometido al cumplimiento de condiciones futuras e inciertas no implica la transmisión automática y de pleno derecho de la propiedad de los inmuebles susceptibles de compra-venta.

Al ser así, mal pueden considerarse los ingresos percibidos bajo esta modalidad como enriquecimiento neto gravable sujeto al pago del ISLR, pues no revisten carácter definitivo; Situación similar al caso está prevista en el artículo 23, Parágrafo Quinto de la Ley de ISLR, el cual es del tenor siguiente:
"Artículo 23.- A los efectos del artículo 21 se consideran realizados en el País: (…)
Parágrafo quinto. En los casos de construcción de obras que hayan de realizarse en un período mayor de un (1) año, el costo aplicable será el correspondiente a la porción de la obra construida por el contratista en cada ejercicio.
Si la duración de la construcción de la obra fuera mayor de un (1) año, y se ejecutare en un período comprendido entre dos (2) ejercicios, los costos, al igual que los ingresos, podrán ser declarados en su totalidad en el ejercicio en el cual termine la construcción".

De la lectura del artículo citado, se evidencia que los ingresos a ser percibidos por la contribuyente con ocasión de una obra que demore en su ejecución más de un año y abarque dos ejercicios fiscales, puedan ser declarados íntegramente en el ejercicio fiscal en el cual culmine la obra.

Así, tanto en el supuesto previsto por la norma citada como en el caso subjudice, la actuación generadora de renta (construcción de una obra y venta de un inmueble, respectivamente) no se ejecuta en un solo acto ni de forma inmediata sino en distintos momentos, motivo por el cual el legislador previó la posibilidad excepcional de hacer la declaración del ISLR en el ejercicio fiscal en el cual se perfeccione el hecho imponible (cuando termine la construcción) y, por ende, cuando efectivamente se traspase la propiedad.

En tal sentido, la Sala Político Administrativa, expediente: 2009-0265 de fecha: 17-03-2010 es del criterio según el cual "el anticipo recibido a cuenta de futuras ventas, será gravable al momento de perfeccionarse la venta, mediante el traspaso de la propiedad y el pago del precio a crédito o al contado", por considerarse contablemente tales anticipos "pasivos circulantes" y no "activos disponibles" como sería en el caso de concretarse la transacción.


jueves, 19 de agosto de 2010

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DEBIDO PROCESO



Conforme a lo dispuesto en el artículo 49 de nuestra Constitución, las actuaciones ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES deben ser resultado de un procedimiento donde las partes gocen de la correspondiente oportunidad para representar, promover, evacuar y controvertir pruebas, en aras de reconocer, favorecer o al menos no ver lesionada su situación jurídica.


El desarrollo de la actividad sublegal del estado en la cual se enmarca la función administrativa, no sólo debe adecuarse al cabal cumplimiento de la legalidad, sino que supone la observancia de un elemento adicional que consolida la seguridad jurídica en la actividad administrativa, como lo es EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.


De este modo, se exige que cada manifestación de autoridad administrativa de efectos particulares se engarce coherentemente en una cadena a través de la cual se llegue a su objeto, esto es, la exigencia de satisfacer en forma inmediata y directa el interés público, sin olvidar LA DEFENSA DE LOS PARTICULARES como eje fundamental de la legitimación del procedimiento administrativo.


Se reconoce EL CARACTER SOLEMNE DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA, como una exigencia de razonabilidad del Estado de derecho que tiende al control de arbitrariedad administrativa caracterizada por la unilateralidad de la formación de voluntad, la ausencia de controversia, réplica o argumentación por parte de los sujetos pasivos de sus decisiones.


Es evidente entonces, que en el marco del concepto genérico DEL DEBIDO PROCESO se encuentra EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, como uno de los principales instrumentos de búsqueda del equilibrio permanente en la interacción de las estructuras administrativas del poder y los particulares, con lo cual se presenta como una garantía o instrumento esencial DEL DERECHO A LA DEFENSA de las personas involucradas en una situación administrativa.


Significa entonces, que EL DEBIDO PROCESO se erige como la más acabada posibilidad de garantía y protección de los derechos fundamentales dentro de una actuación pública, toda vez que permite impedir la arbitrariedad de la administración y la potencial indefinición de las personas con intereses en la misma, mediante el ejercicio permanente de la dialéctica argumentativa y probatoria, a través de la presencia necesaria de los sujetos involucrados de manera permanente en todas las etapas de la sustanciación.


El debido proceso se enmarca en la esencia misma del ESTADO DE DERECHO, como una situación jurídica de poder, no taxativo, el derecho a ser oído antes de la decisión, a participar efectivamente en el proceso desde su inicio hasta su terminación, a ofrecer y producir pruebas, a obtener decisiones fundadas o motivadas, a recibir notificaciones oportunas y conforme a la ley, al acceso a la información y documentación sobre la correspondiente actuación, a convertir los elementos probatorios antes de la decisión, a OBTENER ASESORÍA LEGAL y a la posibilidad de intentar mecanismos impugnatorios contra los actos administrativos.


En fin, se trata de una suma de elementos no sujetas a numerus clausus, que busca en su interacción obtener una actuación administrativa coherente con las necesidades públicas, sin lesionar los intereses individuales debatidos, proporcionando las garantías que sean necesarias para la protección de los derechos fundamentales dentro de la relación procedimental. HASTA EL PROXIMO VIERNES (…).

viernes, 13 de agosto de 2010

LA CONCURRENCIA DE LOS ILICITOS TRIBUTARIOS.


Dispone el artículo 81 del Código Orgánico Tributario (COT): “Cuando concurran dos o más ilícitos tributarios sancionados con penas pecuniarias, se aplicará la sanción más grave, aumentada con la mitad de las otras sanciones. (…).

Si las sanciones son iguales, se aplicará cualquiera de ellas aumentada por la mitad de las restantes. Cuando concurran dos o más ilícitos tributarios sancionados con pena pecuniaria, pena restrictiva de libertad, clausura de establecimiento o cualquiera de otra sanción que por su heterogeneidad no sea acumulable, se aplicarán conjuntamente.

Partiendo de la autonomía estructural del derecho tributario, que permite que tenga contenidos y estructuras diferentes a las demás ramas del derecho, en virtud de la dogmática conceptual que admite que una de ellas tenga conceptos o definiciones propios para determinadas figuras jurídicas y en atención al dispositivo del artículo 7 del Código Penal, que establece la aplicación de sus disposiciones a otras leyes en cuanto dicten penas, salvo que no establezcan nada en contrario, es que en materia de concurso de infracciones o ilícitos tributarios, se apliquen reglas distintas.

De la exégesis de dicha norma se coligen cuatro supuestos o hipótesis, de los cuales en esta oportunidad desarrollaremos uno y ustedes los restantes: Situación en que surjan o concurran dos o más ilícitos tributarios sancionados con pena pecuniaria.

CASO CONCRETO: Una empresa de venta de calzados, le vendió al Sr. ANTOLICO; dos pares de zapatos sin cumplir con el deber formal de emitir la factura. Denunciado el caso por ante el SENIAT, se comprobó que no estaba inscrita en los registros correspondiente (RIF), ni lleva tampoco los libros y registros contables y especiales exigidos.

Sin duda alguna, estamos frente a un caso de acumulación o simultaneidad de infracciones tributarias, tipificadas como ilícitos formales en el COT y sancionadas así: a) EL INCUMPLIMIENTO DE EMITIR LA FACTURA, previsto en el numeral 2 del artículo 99, en el numeral 1 del artículo 101 y en el numeral 2 del artículo 145 es sancionado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 con una multa de 1 U.T. por cada factura, dejada de emitir, hasta un máximo de 200 U.T. por cada periodo o ejercicio fiscal si fuere el caso.

b) EL INCUMPLIMIENTO DE INSCRIBIRSE EN LOS REGISTROS EXIGIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, previsto como ilícito formal en el numeral 1 del artículo 99, en el numeral 1 del artículo 100 y literal b del numeral 1 del artículo 145 es sancionado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100 “con multa de 50 U.T., la cual se incrementará en 50 U.T. por cada nueva infracción hasta un máximo de 200 UT.

c) EL INCUMPLIMIENTO DE LLEVAR LOS LIBROS O REGISTROS CONTABLES O ESPECIALES, previsto como ilícito formal en el numeral 3 del artículo 99, en el numeral 1 del artículo 102 y en el literal a del artículo 145 es sancionado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 “con una multa de 50 U.T., la cual se incrementara en 50 U.T. por cada nueva infracción hasta un máximo de 250 U.T.”.

Como se observa, existe la concurrencia de tres ilícitos formales sancionados con penas pecuniarias que, tal como está planteado en el caso concreto, uno son más graves que otros. Por cuya razón y en virtud de lo previsto en el encabezamiento del artículo 81 debe aplicarse LA SANCIÓN MÁS GRAVE, AUMENTADA EN LA MITAD DE LAS OTRAS SANCIONES, que en el caso subjúdice sería la siguiente: por cuanto la infracción de emitir la factura es sancionada con una multa de 1 U.T., el incumplimiento de inscribirse en los registros exigidos, con 50 U.T. y por no llevar los libros contables y especiales también con 50 U.T., siendo la pena más grave la de 50 U.T., ésta debe ser aumentada por virtud de lo expresado en dicha norma con la mitad de las otras sanciones, donde la sanción (S) aplicable será igual a: S= 50 U.T. + (50 U.T./2)+ ½ U.T.; S= 75,5 U.T. X Bs. 65; S= Bs. 4.907,50. HASTA EL PROXIMO VIERNES (…).

LA CONCURRENCIA DE LOS ILICITOS TRIBUTARIOS.


Dispone el artículo 81 del Código Orgánico Tributario (COT): “Cuando concurran dos o más ilícitos tributarios sancionados con penas pecuniarias, se aplicará la sanción más grave, aumentada con la mitad de las otras sanciones. (…).

Si las sanciones son iguales, se aplicará cualquiera de ellas aumentada por la mitad de las restantes. Cuando concurran dos o más ilícitos tributarios sancionados con pena pecuniaria, pena restrictiva de libertad, clausura de establecimiento o cualquiera de otra sanción que por su heterogeneidad no sea acumulable, se aplicarán conjuntamente.

Partiendo de la autonomía estructural del derecho tributario, que permite que tenga contenidos y estructuras diferentes a las demás ramas del derecho, en virtud de la dogmática conceptual que admite que una de ellas tenga conceptos o definiciones propios para determinadas figuras jurídicas y en atención al dispositivo del artículo 7 del Código Penal, que establece la aplicación de sus disposiciones a otras leyes en cuanto dicten penas, salvo que no establezcan nada en contrario, es que en materia de concurso de infracciones o ilícitos tributarios, se apliquen reglas distintas.

De la exégesis de dicha norma se coligen cuatro supuestos o hipótesis, de los cuales en esta oportunidad desarrollaremos uno y ustedes los restantes: Situación en que surjan o concurran dos o más ilícitos tributarios sancionados con pena pecuniaria.

CASO CONCRETO: Una empresa de venta de calzados, le vendió al Sr. ANTOLICO; dos pares de zapatos sin cumplir con el deber formal de emitir la factura. Denunciado el caso por ante el SENIAT, se comprobó que no estaba inscrita en los registros correspondiente (RIF), ni lleva tampoco los libros y registros contables y especiales exigidos.

Sin duda alguna, estamos frente a un caso de acumulación o simultaneidad de infracciones tributarias, tipificadas como ilícitos formales en el COT y sancionadas así: a) EL INCUMPLIMIENTO DE EMITIR LA FACTURA, previsto en el numeral 2 del artículo 99, en el numeral 1 del artículo 101 y en el numeral 2 del artículo 145 es sancionado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 101 con una multa de 1 U.T. por cada factura, dejada de emitir, hasta un máximo de 200 U.T. por cada periodo o ejercicio fiscal si fuere el caso.

b) EL INCUMPLIMIENTO DE INSCRIBIRSE EN LOS REGISTROS EXIGIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, previsto como ilícito formal en el numeral 1 del artículo 99, en el numeral 1 del artículo 100 y literal b del numeral 1 del artículo 145 es sancionado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100 “con multa de 50 U.T., la cual se incrementará en 50 U.T. por cada nueva infracción hasta un máximo de 200 UT.

c) EL INCUMPLIMIENTO DE LLEVAR LOS LIBROS O REGISTROS CONTABLES O ESPECIALES, previsto como ilícito formal en el numeral 3 del artículo 99, en el numeral 1 del artículo 102 y en el literal a del artículo 145 es sancionado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 “con una multa de 50 U.T., la cual se incrementara en 50 U.T. por cada nueva infracción hasta un máximo de 250 U.T.”.

Como se observa, existe la concurrencia de tres ilícitos formales sancionados con penas pecuniarias que, tal como está planteado en el caso concreto, uno son más graves que otros. Por cuya razón y en virtud de lo previsto en el encabezamiento del artículo 81 debe aplicarse LA SANCIÓN MÁS GRAVE, AUMENTADA EN LA MITAD DE LAS OTRAS SANCIONES, que en el caso subjúdice sería la siguiente: por cuanto la infracción de emitir la factura es sancionada con una multa de 1 U.T., el incumplimiento de inscribirse en los registros exigidos, con 50 U.T. y por no llevar los libros contables y especiales también con 50 U.T., siendo la pena más grave la de 50 U.T., ésta debe ser aumentada por virtud de lo expresado en dicha norma con la mitad de las otras sanciones, donde la sanción (S) aplicable será igual a: S= 50 U.T. + (50 U.T./2)+ ½ U.T.; S= 75,5 U.T. X Bs. 65; S= Bs. 4.907,50. HASTA EL PROXIMO VIERNES (…).

jueves, 5 de agosto de 2010

EL TERRITORIO COMO FACTOR DE CONEXIÓN EN EL IMPUESTO MUNICIPAL.



A la luz de la vigencia de las ORDENANZAS MUNICIPALES en materia de Retención del Impuesto a las Actividades Económicas, muchas son las interpretaciones que se les han dando a sus disposiciones, para pretender gravar por esta vía a los proveedores transeúntes. Un ejemplo sería cuando los contribuyentes del tributo ubicados en el Municipio Caroní, retienen el impuesto a las empresas establecidas en Ciudad Bolívar, quienes a su vez son contribuyentes del Municipio Heres.

Ahora bien, es importante destacar que, para que un contribuyente sea sujeto pasivo del impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar (antiguo impuesto sobre patente de industria y comercio), DEBE EXISTIR UNA CONEXIÓN ENTRE EL TERRITORIO del municipio exactor y los elementos objetivos condicionantes del impuesto.

De acuerdo con lo sostenido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (Exp. 00-1152, jun., 22/10, MP. Yolanda Jaimes Guerrero), en estos casos debe haber un nexo entre el lugar de la fuente productora y la capacidad contributiva sobre la que recaerá el tributo.

En consecuencia, un municipio SOLO PUEDE GRAVAR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES O INDUSTRIALES EJERCIDAS EN O DESDE UNA SEDE FISICA ESTABLE UBICADA EN EL TERRITORIO del ente local, denominada establecimiento permanente o base fija, que representa el vínculo entre las actividades desarrolladas por el sujeto pasivo del impuesto y el territorio de dicho ente como sujeto activo de la obligación tributaria.

Según el fallo, el impuesto sobre las actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar, grava el ejercicio habitual de las actividades industriales, comerciales o de servicios susceptibles de ser vinculadas con el territorio del municipio, por aplicación de los factores de conexión. En el caso de las actividades industriales y comerciales, dicho factor se reduce a la existencia de un establecimiento permanente.

Para determinar y liquidar el impuesto, la base imponible del cálculo está conformada por los ingresos brutos efectivamente percibidos obtenidos en el ejercicio de las actividades industriales, comerciales o económicas de naturaleza similar que se desarrollen en el municipio o que, por su índole, se consideren ejercidas en dichas jurisdicción.

Según la doctrina especializada, las características de dicho impuesto deben ser: REAL, PERIODICA Y TERRITORIAL, razón por la cual las empresas que no posean base fija o establecimiento permanente en el Municipio, no deben ser objeto de retención del Impuesto a las Actividades Económicas. HASTA EL PROXIMO VIERNES.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Tendencias jurisprudencias tributarias