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jueves, 31 de marzo de 2011

CONFISCACIÓN Y CAPACIDAD ECONÓMICA


Históricamente la confiscación ha sido conceptuada como una sanción penal, aplicable de modo excepcional a delitos graves de carácter político, contra el patrimonio del estado o contra la humanidad, que se materializa en la ablación total del patrimonio del reo; pero en materia de tributos lo que la caracteriza no es su naturaleza sancionatoria, pudiendo ésta estar ausente, ni la producción de una ablación o extirpación directa de bienes o derechos, sino el efecto económico de disminución sensible y sin compensación del patrimonio por la incidencia de los tributos, en cuanto implica pesadas prestaciones coactivas de dar, asimilables prácticamente al efecto injusto de la confiscación.

En opinión de Naveira de Casanova, en materia tributaria “la confiscación se puede dar con independencia de que la ley de gravamen haya sido pensada con carácter penal o no, o bien que haya sido ideada para detraer en forma directa todo el patrimonio de la persona o la manifestación de riqueza gravada… No interesa la finalidad perseguida por la norma, si fiscal o no fiscal, dado que si el efecto confiscatorio se produce, el injusto debe ser reparado igualmente”. Este mismo autor, informa que el fallo de la Corte Suprema de Justicia Argentina del año 1906, fallo “Faramiñán”, expresó que a pesar de la diferencia existente entre la confiscación como instituto y la referida a los efectos que pudieran derivarse de una presión impositiva descarriada, ambas deben asimilarse en cuanto en sus resultados concretos.

Tales efectos confiscatorios podrían manifestarse de diversas formas, según el modo de incidencia del tributo que se trate o del conjunto de todos, pero en general, en materia tributaria, los tributos padecen de esos efectos cuando la capacidad económica para contribuir es excedida por la cuota tributaria o por la presión generada por la acción conjunta de varios tributos. Si, como ha sostenido la jurisprudencia y doctrina españolas, la capacidad es la causa y el límite del deber de contribuir a los gastos públicos, no se puede exigir que pague algún tributo que carezca de riqueza o de medio para producirla, es menester una base mínima de capacidad; pero además, el hecho imponible debe representar en sí mismo una manifestación de riqueza susceptible de soportar el gravamen, como la posesión de patrimonios, la circulación de bienes, la obtención o el gasto de renta, y no ser un hecho carente de significación económica. Por otro lado, el deber de contribuir tiene como límite la dimensión de esa capacidad, en la medida que no grave el mínimo vital ni los medios de subsistencia del individuo, así como tampoco atente contra la existencia misma de la fuente productiva de la riqueza. El sacrificio exigido a cada ciudadano para el sostenimiento del Estado y de los servicios públicos, debe corresponder al nivel real de riqueza o de potencia económica de cada categoría de contribuyentes, según la especie tributaria.

En el ordenamiento constitucional venezolano, la capacidad económica del contribuyente es el eje central de la justa distribución de las cargas públicas, y el principio de progresividad de las cargas y de la prohibición de efectos confiscatorios de los tributos, son principios complementarios de la capacidad, como escoltas de la columna vertebral del sistema. Mientras la progresividad tiene la función de adecuar la presión de los tributos a los mayores niveles de capacidad captados por las normas que describen los hechos y bases imponibles, de manera que quienes adquieran, posean o consuman en mayor medida, deben tributar más, la prohibición de efectos confiscatorios funciona como indicador del umbral máximo de la capacidad económica, en contraposición con la progresividad. Podría decirse que progresividad y confiscatoriedad son los márgenes opuestos del cauce de la capacidad económica del contribuyente.

viernes, 18 de marzo de 2011

El Principio de Igualdad Tributaria



Dicho principio constituye uno de los más importantes en materia constitucional, legal y por supuesto en el ámbito del Derecho Tributario, se encuentra consagrado de distintas formas en nuestra constitución Nacional, dado que el mismo comprende diversos aspectos que deben ser desarrollados en materia tributaria.

IGUALDAD EN LA LEY. Es la consagrada en el artículo 133 de la Constitución Nacional, todos estamos obligados a pagar tributo para contribuir a los gastos públicos. IGUALDAD ANTE LA LEY. Dispuesta en el artículo 21 de la Constitución nacional, todos somos iguales ante la ley, y no se admitirán las discriminaciones bajo ninguna condición. Llamada también la igualdad implícita. IGUALDAD POR LA LEY. En materia tributaria la igualdad por la Ley se manifiesta a través de la aplicación del Principio de la Capacidad Contributiva, por el cual deben pagar más impuesto aquellos que mayor riqueza generan y menos impuestos quienes menor riqueza generan, de manera que los tributos puedan ser aplicados con justicia.

Esta manifestación de la igualdad es de vital importancia en materia de beneficios fiscales, dado que, ciertos tipos de beneficios fiscales no son otorgados atendiendo a razones de política económica del Estado, como para evitar que el impuesto sobre la renta grave la renta obtenida por personas (naturales o jurídicas) cuya capacidad económica es muy precaria o simplemente no se manifiesta en la misma forma que la de otros sujetos, por lo que el legislador al otorgar el beneficio lo hace con la intención de darles un tratamiento diferente, con la idea de colocarlos en una situación de igualdad con respecto a otros contribuyentes.

La igualdad por la Ley deviene de la aplicación del principio de justicia y se resume muy bien en aquel viejo axioma y en forma del Derecho de tratar igual a quienes son iguales y en forma desigual a los casos desiguales, pues nada hay más injusto que tratar a todos los casos por igual.

LA IGUALDAD DE LAS PARTES EN LA RELACION JURIDICO TRIBUTARIA, corresponde a esta variedad del Principio de igualdad reconocer que a pesar que la Constitución Nacional confiere al órgano legislativo el Poder Tributario de crear el tributo, esta facultad se agota con la creación de la Ley Tributaria y no puede ésta establecer reglas que permitan con posterioridad, que la relación entre el sujeto activo y pasivo de la relación jurídica no esté en un plano de completa igualdad. El sujeto activo no es titular del Poder Tributario y por ende es tan solo un sujeto más en la relación jurídico tributaria y al igual que el sujeto pasivo debe llevar adelante dicha relación con el mayor apego a las normas constitucionales y legales que rigen tal relación.

viernes, 11 de marzo de 2011

PARÁMETROS ESENCIALES DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS


Buenos días, por la importancia de su contenido hoy compartiré un extracto de la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, Sala Político Administrativa de fecha 19-10-2010, con la Ponencia: HADEL MOSTAFÁ PAOLINI, donde se reafirman LOS PARÁMETROS ESENCIALES DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, considerando que la mayoría de las empresas o sujetos pasivos de este tributo (las que cierren su ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año, según la Ordenanza Municipal vigente en este Municipio) deben formalizar la “Declaración de Ingresos Brutos Anuales” hasta el 31 de marzo del año 2011; este extracto puede complementarse con mis anteriores publicaciones, vinculadas al tributo de impuesto a las actividades económicas -http://apuntesdetributo.blogspot.com -

“(...) y a tal efecto observa que resulta pertinente analizar la regulación del impuesto sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios o de índole similar, conforme a lo establecido en los artículos 209 y 210 (hoy 210 y 211) de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2006, referente a su base imponible y a la forma de su cuantificación, los cuales disponen lo siguiente:

"Artículo 209: La base imponible del impuesto sobre actividades económicas está constituida por los ingresos brutos efectivamente percibidos en el período impositivo correspondiente por las actividades económicas u operaciones cumplidas en la jurisdicción del Municipio o que deban reputarse como ocurridas en esa jurisdicción de acuerdo con los criterios previstos en esta Ley o en los acuerdos y convenios celebrados a tales efectos.

Artículo 210: Se entiende por ingresos brutos todos los proventos o caudales que de manera regular reciba el contribuyente o establecimiento permanente por causa relacionada con las actividades económicas gravadas, siempre que no se esté obligado a restituirlos a las personas de quienes hayan sido recibidos o a un tercero y que no sean consecuencia de un préstamo o de otro contrato semejante.

En el caso de agencias de publicidad, administradoras y corredoras de bienes inmuebles, corredores de seguro, agencias de viaje y demás contribuyentes que perciban comisiones o demás remuneraciones similares, se entenderá como ingreso bruto sólo el monto de los honorarios, comisiones o demás remuneraciones similares que sean percibidas".

Ahora bien, el hecho imponible del tributo objeto de análisis está constituido por la realización de actividades lucrativas dentro del ámbito territorial de un Municipio. Asimismo, conforme a la normativa transcrita la base imponible se configura, como regla general, por los ingresos brutos.

De igual modo se observa que el legislador dejó establecido lo siguiente: 1) el período impositivo coincidirá con el año civil; 2) la base imponible estará conformada por los ingresos brutos percibidos durante el ejercicio gravable; 3) el ingreso bruto estará conformado por los proventos o caudales recibidos por la contribuyente de manera regular; 4) los ingresos serán gravados en la medida en que estén relacionados con la actividad habitual o el giro económico realizado por la contribuyente, siempre que no esté obligado a restituirlos.

El avance de las referidas normas consiste en dejar establecido en la ley especial los parámetros esenciales que deberán ser considerados por las ordenanzas municipales al regular el referido tributo, contribuyendo así a la necesaria armonización tributaria. (Vid., sentencia 01442 del 8 de octubre de 2009, caso: Banco Plaza, C.A.) (...)".

lunes, 7 de marzo de 2011

INCONGRUENCIA DEL REAJUSTE DE LA UNIDAD TRIBUTARIA (U.T.)


La última reforma del Código Orgánico Tributario (COT), aparte de reiterar la naturaleza de la U.T. como medida homogénea, indica que en los casos de tributos que se liquiden por períodos anuales, la U.T. aplicable será la que esté vigente durante por lo menos 183 días contínuos del período respectivo y para los tributos que se liquiden por períodos distintos al anual, la U.T. aplicable será la que esté vigente para el inicio del período.

Varios problemas ha supuesto la introducción de la U.T. de medida homogénea para fines fiscales y sociales, siendo algunos de ellos: i) El alcance de las magnitudes monetarias susceptibles de ajustes a través del mecanismo corrector de la U.T., Otro problema se refiere (ii) a las manipulaciones en el momento de entrada en vigencia del REAJUSTE DEL VALOR DE LA U.T., al cual nos referiremos hoy.

La manipulación consiste en que por mandato legal y en obsequio a su naturaleza objetiva, la U.T., debe ser reajustada cada año del calendario sobre la base de información que produzca el Banco Central de Venezuela (BCV), dentro de los 15 días del mes de febrero de cada año. Así tenemos por ejemplo; la reciente Providencia Administrativa N° SNAT/2011/0009, emanada por el SENIAT y publicada en la GO#39.623 en fecha 24 de febrero REAJUSTA LA U.T. DE SESENTA Y CINCO BOLIVARES (Bs.65,00) a SETENTA Y SEIS BOLIVARES (Bs. 76,00), lo cual equivale a un aumento de diecisiete por ciento (17%); No obstante, según el BCV la inflación del año 2010 fue de VEINTISIETE COMA DOS por ciento (27,2%), por la cual la UT rejustada debió ser de Bs. 83,00 y no de Bs 76,00 que evidentemente subestima la verdadera medida de la U.T.; Es menester destacar que en el pasado estas subestimaciones también se han realizado.

Para ilustrar lo anterior, imaginemos un contribuyente (Persona Jurídica domiciliada en Venezuela), cuyo ejercicio coincide con el año civil. Al cierre del año 2011 la UT seria de Bs. 76,00 según la declaración de la Administración Tributaria, aunque en realidad el valor de esta debió ser de Bs. 83,00; esto es una desproporción que distorciona la expresión de los tramos de la tarifa corporativa (Artículo 52 LISLR: tarifa compuesta de 3 tramos, donde la primera grava los enriquecimientos hasta 2.000 UT con el 15%; la segunda con 22% y la última a partir de 3.000 UT con el 34%) de tal forma que si ese contribuyente devenga un enriquecimiento de Bs. 304.000,00 al dividirlo entre el valor de la UT de Bs. 76,00 gravaría más enriquecimiento con la tarifa más alta del 34%, es decir: pagaría un impuesto de Bs. 63.840,00 en cambio aplicándole el Valor de a UT correcto (Bs. 83,00), gravaría menos enriquecimiento con la tarifa más alta, es decir: pagaría Bs. 61.845,00. Esto es un exceso de impuesto de Bs.1.995.

El subestimar la verdadera medida de la UT, implica una infracción de la legalidad tributaria y de la garantía del derecho a contribuir con arreglo a la capacidad económica. En efecto el “(…) carácter objetivo y de simple aplicación aritmética(…)” que señala el COT en su artículo 3 parágrafo tercero de la UT, la potestad de la Administración para calcular el valor en cuestión, es estrictamente reglada y no deja márgen para su aplicación. Su actuación se encuentra perfectamente limitada y encauzada.

Ahora, observemos el efecto desde el punto de vista de un trabajador que tiene derecho a cobrar por cesta ticket (Bono de alimentación) la cantidad de Bs. 16,25 por día, que es el equivalente de aplicar el 25% al valor de la U.T. vieja Bs. 65,00; con la nueva UT pasaría a Bs 19,00 por día, lo que es equivalente a un incremento del 17% No obstante, si aplicamos la UT a Bs. 83,00 el trabajador cobraría por el mismo concepto la cantidad de Bs. 21,00.

En suma, esta subestimación causa daños tanto a los trabajadores que devegan cesta ticket - que en venezuela no son pocos-, como a los contribuyentes de los impuestos, tasas y contribuciones; mientras que favorecen a los infractores que pagarán sus multas a una UT subestimada.

En mi humilde opinión es recomendable que se cree una dualidad de valor a la UT, Una que tenga un valor equivalente al reajuste total de la inflación, es decir a Bs. 83,00 el cual sería utilizado para el pago de las multas y benecios sociales de los ciudadanos y otra al reajuste parcial, como el recientemente aprobado a Bs. 76,00 para el pago de los impuestos, tasas y demás contribuciones.

IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISLR)

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

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